Ideales de democracia

Acá no se trata de un vapuleo a una democracia de izquierdas o un posicionamiento pro-americano, sino de qué terminología se ajusta más a la realidad latinoamericana y cuál es la mejor medida para determinar escenarios y lograr sentar el ideal de democracia que nuestros países necesitan con ansias.

Por: Henry Ayala | Análisis

Como estudiante de ciencia política, me son familiares las discusiones en torno a cómo medir la democracia. Prácticamente la eterna discusión de cuáles son los mejores indicadores para medirla marca el pregrado de cualquier estudiante de mi especialidad. Es por ello que, ahora que ha saltado el debate de casa a columnas de opinión pública, me gustaría comentar algunas ideas.

Parece haber cierto consenso entre los académicos e intelectuales que la democracia en su sentido liberal -con derechos equitativos y participación a través de elecciones- es el mejor tipo de régimen político que la razón humana ha encontrado hasta ahora. ¿Por qué la democracia tendría que considerarse un “deber ser”? Tal vez un país que es democrático igual puede ir a la guerra o al descalabro económico como uno autoritario. Tal vez una democracia puede ser igual o más corrupta que el peor de los sultanismos. Sin embargo, un régimen democrático te brinda ciertos derechos y libertades mínimas que avalan el desempeño de los individuos. En otras palabras, una democracia no comete genocidios y, precisamente, no convierte al estado en una maquinaria represiva.

Hasta aquí todo bacán pero, ¿dónde está esa regla con la que se mide quién es democrático y quién no? ¿Qué hace que un país califique como democracia? Bienvenidos a uno de los debates más fuertes de la ciencia política contemporánea. Hay respuestas desde las más minimalistas, las cuales argumentan que lo mínimo para considerar a un estado democrático es que tenga elecciones libres cada cierto periodo de tiempo, como algunas más sustantivas, en dónde se necesita de cierto  nivel socioeconómico o número de derechos sociales para llamar a un país democrático.

En cada una de dichas mediciones, el estándar separa las aguas entre democracias y no-democracias, lo cual no significa que todas las no-democracias sean lo mismo. Los autores Juan Linz y Alfred Stepan, por ejemplo, utilizan 4 tipos de regímenes políticos no democráticos: Sultanismo, totalitarismo, post-totalitarismo y autoritarismo. Este último es el que para varios autores se desmenuza en distintas terminologías para explicar grupos de casos. Por ejemplo, el ya famoso término de “Autoritarismo Competitivo” de Steven Levitsky sirve para designar gobiernos como el de Fujimori en los 90’s, donde se celebraban elecciones no transparentes y se cerró el congreso.

Aún así, estos términos no son nomenclaturas que todo el mundo endiose como la verdad revelada. La utilidad depende de la sólida argumentación con la que un análisis esté cimentado. ¿Por qué la necesidad de etiquetar? Porque el analista requiere herramientas que le permitan describir, explicar y comparar cada tipo de fenómeno político que se encuentre. Dependiendo de la necesidad de generalizar o particularizar, algunas definiciones terminan siendo mejores que otras.

No obstante, toda definición viene cargada de un juicio de valor. En este sentido, y como señalé párrafos arriba, la terminología sobre tipos de régimen tienen como cúspide lo que el autor considere como una verdadera democracia. Así, el uso lógico de los términos no-democráticos buscaría la explicación por la que dichos escenarios no presentan características democráticas o cómo una posible democratización puede florecer dentro de los otros tipos de régimen.

Con esto no quiero decir que la democracia sea un fin en sí mismo, puesto que la máxima en política –o la que debería primar- es el bienestar de las personas y su pleno desarrollo. El problema viene cuando algunos actores toman la causa democrática como pretexto para sostener una política exterior intervencionista en países no-democráticos. En estos casos, hay estudios y casos que prueban que una intervención no te da más que una forma procedimental de democracia que pocas chances posee de florecer y termina en autoritarismos encaletados.

El debate actual es cómo considerar a los países latinoamericanos (en especial Ecuador, Venezuela y Argentina) dentro de una escala de valor democrática. Por un lado, se habla de la necesidad de darle más importancia a la percepción que tengan los mismos ciudadanos de dichos países sobre sus regímenes políticos y sus reelectos presidentes. Por otro –y este lado acusado de estar “alineado políticamente con Estados Unidos”-, se defiende el fijarnos en criterios más institucionales como la libertad de prensa o la separación de poderes. Así, la labor de la academia a la hora de determinar quién tiene la razón consta de encontrar la definición que explique el mayor número posible de casos y así poner a prueba la argumentación de cada forma de pensar la democracia. Las definiciones se revisan. El conocimiento se renueva.

Es imposible negar la existencia de un juicio de valor dentro de las definiciones o discusiones donde se plantean temas políticos. Como señalé antes, la necesidad por explicar o comparar cierto fenómeno proviene tanto de una curiosidad académica como de una búsqueda por determinar el ejemplo a seguir.

No obstante, es este mismo rigor académico de la ciencia política que puede librar de sesgos los conceptos en cuestión y poner en uso los de mejor argumentación. Acá no se trata de un vapuleo a una democracia de izquierdas o un posicionamiento pro-americano, sino de qué terminología se ajusta más a la realidad latinoamericana y cuál es la mejor medida para determinar escenarios y lograr sentar el ideal de democracia que nuestros países necesitan con ansias.

 
Bonus Track: Sigue el debate

Columna 1 Nelson Manrique en La República

Columna 2 Nelson Manrique en La República

Steven Levitsky

Eduardo Dargent

Martín Tanaka

Maxwell Cameron

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