Un brindis por la educación: a propósito del proyecto de ley 1313

Un artículo de Henry Ayala
Es común del imaginario social atribuir la causa de todos los problemas a un solo aspecto. De ahí es que surgen frases como “el perro del hortelano” o “el enemigo del progreso”. Por ello, no es nada sorprendente el nuevo Proyecto de Ley 1313 que prohibiría la venta de bebidas alcohólicas en los alrededores de las universidades para incentivar el estudio: ahora la culpa del mal rendimiento de los universitarios es de la cerveza y no del Estado, el cual cierra los ojos ante problemas más severos dentro de la educación.
¿En qué consiste este proyecto de ley? Agustín Molina, relegido congresista por Gana Perú y presidente de la Comisión de defensa del consumidor, planteó la medida el pasado 9 de octubre, la cual restringiría la venta de licor en la periferia (100 metros a la redonda) de las universidades del país. Si bien ya hay leyes que restringen la venta a menores de edad y en espacios cercanos a centro educativos, este proyecto busca radicalizar el papel del Estado centrando su ejecución cerca a los campus, incentivando la avocación total de los alumnos al estudio.
Todos consideramos que tomar en exceso no es nada deseable, puesto que puede traer adicción o enfermedades. Pero, ¿realmente así se desincentiva su consumo? En primer lugar, restringir la venta de licor en cierto espacio público no afecta a los jóvenes puesto que ellos no tienen problemas con caminar un par de cuadras más para ir a tomarse unos tragos. Lugares de venta siempre va a haber por toda Lima. Además, la deficiente regulación del Estado probablemente sería incapaz de controlar los restaurantes que sirven de fachada a “huecos” nocturnos. En caso funcionara la restricción, la medida implicaría el cierre de pequeños negocios sin preocuparse por su restablecimiento o sus ganancias perdidas. De esta forma, la medida en vez de bajar el nivel de consumo de licor, generaría desempleo e informalidad.
Si no soluciona el problema, ¿entonces por qué se plantea el proyecto? La proliferación de propuestas de “mano dura” en el congreso se debe más que nada a un análisis errado de los problemas nacionales y a un enfoque paternalista hacia los jóvenes. Por un lado, se busca atribuirle las fallas del sistema educativo o la falta de incentivos al estudio en las universidades al consumo de alcohol, lo cual sirve de excusa para mirar a corto plazo y dejar de lado reformas necesarias y a la regulación efectiva del estado. Por otro lado, propuestas como la del congresista Molina contribuyen al estereotipo del joven irresponsable que, a pesar de tener mayoría de edad, se le tiene que llevar de la mano en las decisiones que tome. Conforme a esta visión, el universitario necesita prohibiciones para modificar su conducta, desconfiando de los valores y enseñanzas que el mismo Estado, a través del colegio, debió inculcarle.
Propuestas como la de Agustín Molina resultan extrañamente familiares: Provienen de creer que una buena medición de la labor de un congresista es por la cantidad de proyectos de ley y no por la calidad o eficacia de los mismos. Proponer leyes sin el debido análisis sobre su impacto en el rubro que se piensa regular puede desembocar en normas ineficientes y engorrosas.
Finalmente, el proyecto muestra la peor cara de la intervención estatal, puesto que ejemplifica la mala aplicación que puede tener el control del Estado en cierto mercado económico. Esto, acumulado con la memoria de algunos peruanos de medidas intervencionistas en gobiernos pasados puede llevarnos a renegar de cualquier intromisión del estado a los mercados. Sin embargo, la intervención sirve para aliviar las fallas del mismo para beneficio de los ciudadanos. Al tener un estado limitado en cuanto a capacidad de control, el truco está en priorizar bien los sectores a regular y las medidas que se utilizarán.
Así como es preocupante que el 43,6% de los universitarios consuma bebidas alcohólicas 2 veces por semana, preocupa también la situación económica de las universidades públicas y la redes de corrupción que circulan dentro de ellas. Después de todo, el papel del estado debe ser brindar condiciones básicas como una educación de calidad, necesarias para una libertad plena.
Bonus track
  • De los ex-alumnos para Agustín Molina, video de la ONG “Respeto x Respeto”
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